La candidata de Adelante en Huelva, Mari García, denuncia que el Gobierno de Moreno Bonilla “prioriza los intereses financieros de grandes empresas frente al empleo local y la calidad de un servicio público esencial”
Recientemente la candidata de Adelante Andalucía en Huelva, Mari García, ha criticado duramente la decisión de la Junta de Andalucía de adjudicar el servicio de transporte sanitario de la provincia al Grupo Ssg, compañía propiedad del fondo de inversión Asterion Industrial Partners, dejando fuera a la unión temporal de empresas formada por cooperativas onubenses que venían prestando este servicio desde hace más de veinte años.
Según la formación, el nuevo contrato, valorado en 100 millones de euros, concede la gestión del servicio de ambulancias en la provincia de Huelva durante cinco años a la empresa adjudicataria. García denunció que esta decisión refleja “la verdadera cara” del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, al que acusa de continuar con una política de privatización de servicios públicos esenciales.
“La Junta sigue apostando por beneficiar a grandes empresas mientras deja sin recursos a pequeñas empresas locales y a cooperativas que llevaban más de veinte años prestando este servicio en Huelva”, señaló.
La candidata de Adelante Andalucía indicó que la adjudicación puede afectar directamente a más de 300 familias onubenses que dependen de la actividad de estas cooperativas. “Después de dos décadas prestando este servicio esencial, la respuesta que reciben es que no cumplen con los requisitos establecidos, mientras el contrato se entrega a un fondo de inversión”, criticó.
Además, García alertó de que la empresa adjudicataria cuenta con antecedentes preocupantes en la gestión del transporte sanitario. Según ha señalado, la compañía acumula sanciones por el uso de ambulancias ilegales, incumplimientos contractuales y denuncias por vulneraciones laborales, incluyendo sanciones a trabajadores por su actividad sindical.
“Estamos hablando de una empresa denunciada por aplicar recortes en la flota de ambulancias, con las consecuencias negativas que eso puede tener para la atención sanitaria, y también por sanciones arbitrarias a trabajadores y trabajadoras simplemente por estar sindicados”, denunció.
Para la candidata andalucista, la decisión de la Junta demuestra un modelo de gestión que “pone el dinero público al servicio de fondos de inversión que destruyen empleo y precarizan los servicios”.
“Éste es el modelo de Moreno Bonilla: dinero público para grandes empresas mientras se deja en la calle a empresas locales con décadas de experiencia y compromiso con el servicio público”, insistió.
Por último, desde Adelante Andalucía anunciaron que denunciarán públicamente lo que consideran “un nuevo atropello a los trabajadores, al empleo local y a la calidad de los servicios públicos”, reclamando que los recursos públicos se destinen a “fortalecer el tejido productivo local y garantizar una gestión pública y de calidad del transporte sanitario”.
